Gobierno evalúa retirar su reforma de seguridad para destrabarla
El ministro Martín Arrau dijo que el Ejecutivo espera una propuesta de Arturo Squella y Andrés Longton, que podría llevarlo a retirar la iniciativa original.
Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada según la política editorial de RX Noticias.
El Gobierno evalúa retirar su reforma constitucional de seguridad mientras espera una propuesta de los senadores Arturo Squella y Andrés Longton para destrabar la iniciativa, confirmó el 29 de septiembre el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
Arrau aclaró que el retiro no está decidido. “Estamos viendo cuál es el mejor camino: si es que se potencia una posible indicación o un posible texto ingresado por los senadores. Eso implicaría quizás algún retiro, pero estamos a la espera de esa propuesta”, señaló el ministro a Cooperativa.
El ministro sostuvo que el Ejecutivo no está atado a una redacción específica. “Nosotros no nos enamoramos de una redacción en particular, lo que nos interesa es tener las herramientas, una mayor segregación y segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería, de tener más herramientas para el combate del crimen organizado”, afirmó en T13.
Arrau prioriza herramientas para cárceles y crimen organizado
En las conversaciones mencionadas por Arrau aparecen Arturo Squella, Andrés Longton, Pedro Araya y Paulina Vodanovic. El ministro señaló que el Ejecutivo busca conservar herramientas para una mayor segregación y segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería, además de reforzar el combate al crimen organizado.
Arrau también descartó que un eventual retiro implique una derrota política. “Avanzar en cualquier ley que le haga bien a Chile en seguridad por supuesto que no es una derrota”, afirmó a Cooperativa.
La reforma original fue firmada en agosto
El proyecto constitucional original fue firmado por el presidente José Antonio Kast el 10 de agosto de 2026, dentro de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. El Senado de Chile describió como eje la consagración de la seguridad pública como un deber del Estado.
La iniciativa incluía tres líneas: elevar la seguridad pública a un deber estatal; perseguir al crimen organizado y golpear su patrimonio, junto con reforzar el control penitenciario; y crear una herramienta para recuperar territorios con colaboración de las Fuerzas Armadas, bajo reglas de uso de la fuerza y control del Congreso. En la misma actividad, la entonces presidenta del Senado, Paulina Núñez, advirtió que “el texto original probablemente sufra modificaciones durante el debate legislativo”.
El proyecto contempla un estado de excepción de 120 días
El texto original también contempla un nuevo estado de excepción de seguridad pública por 120 días, prorrogable por otros 120 sin autorización previa del Congreso, una disposición descrita como uno de los puntos objetados en T13 y Cooperativa.
El próximo paso es conocer la propuesta que esperan el Ejecutivo y los senadores involucrados. Arrau ha planteado que el Gobierno puede optar por una indicación o por un nuevo texto, mientras el eventual retiro de la iniciativa original y el contenido final de la reforma siguen pendientes.