Comisión de Familia despacha proyecto de responsabilidad parental por conductas ilícitas
La iniciativa sigue en primer trámite constitucional y propone que tribunales de familia evalúen la diligencia de padres o madres ante conductas ilícitas de menores de 16 años; todavía no crea obligaciones vigentes.
Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada según la política editorial de RX Noticias.
La Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el 20 de octubre de 2026 el proyecto de ley sobre responsabilidad parental, boletín 18378-18. La iniciativa propone un procedimiento judicial especial, preventivo y tutelar para determinar si una conducta ilícita cometida respecto de terceros por un niño, niña o adolescente menor de 16 años puede atribuirse a una falta conocida de diligencia del padre, la madre o ambos en su deber de guía y orientación.
El avance corresponde a la comisión y no a una aprobación de la Sala. El registro legislativo oficial mantiene el proyecto en primer trámite constitucional; ingresó el 19 de junio de 2026 como mensaje del Ejecutivo, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como autor institucional.
### El procedimiento buscaría evaluar la diligencia parental
Según la nota institucional de la Cámara, la propuesta contempla que un tribunal con competencia en materias de familia determine si la conducta ilícita puede atribuirse a una falta conocida de diligencia parental. El mecanismo está planteado como preventivo y tutelar, con medidas de remediación e intervención familiar antes de una eventual etapa sancionatoria.
### Seis meses sin nuevas denuncias cerrarían el caso
El mecanismo descrito contempla el cierre del caso si durante seis meses no se registran nuevas denuncias por conductas ilícitas del niño, niña o adolescente. Si las medidas de remediación e intervención familiar se incumplen reiteradamente, se prevé una audiencia de juicio y una etapa sancionatoria.
El plazo y las etapas forman parte de la propuesta en tramitación. El texto final y su alcance pueden cambiar durante el debate legislativo, y no hay una fecha de entrada en vigor informada porque el proyecto todavía no es ley.
### La iniciativa aún puede cambiar durante el trámite
El antecedente legislativo inmediato fue la aprobación general informada el 17 de agosto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, con una ausencia. Después se abrió el plazo para indicaciones; el registro de la Cámara consigna indicaciones del Ejecutivo el 27 de agosto y el 5 de octubre como el hito en que se retiró y se hizo presente la urgencia suma.
En esa etapa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, afirmó: “Es frente a las primeras manifestaciones de conductas ilícitas cuando resulta indispensable reforzar una respuesta preventiva, orientada a evitar que estas escalen hacia formas de criminalidad de mayor gravedad”.
La eventual discusión o votación en la Sala todavía no tiene una fecha confirmada en el registro legislativo consultado. Mientras el proyecto siga en primer trámite, sus medidas no constituyen obligaciones vigentes para las familias.