Trump ordena usar “Super Intelligence” en documentos del Ejecutivo federal
La orden alcanza las comunicaciones y documentos no estatutarios del Poder Ejecutivo de EE.UU., pero no cambia de inmediato la definición legal de inteligencia artificial.
Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada según la política editorial de RX Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó el 29 de septiembre de 2026 una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca que instruye al Poder Ejecutivo federal a usar “Super Intelligence” y “SI” en lugar de “Artificial Intelligence” y “AI” en sus comunicaciones y documentos no estatutarios.
La medida se aplica, en la medida máxima permitida por la ley, a la correspondencia oficial, las comunicaciones públicas, los sitios web, los informes, los documentos de política y otros documentos no estatutarios de los departamentos y agencias federales. La instrucción no exige modificar reglamentos, acciones presidenciales, contratos, subvenciones ni documentos históricos ya emitidos.
El cambio de nombre no modifica aún la definición legal
El texto mantiene la definición legal vigente de “artificial intelligence”, recogida en el artículo 9401(3), título 15 del Código de Estados Unidos. Mientras no sea sustituida por otra acción presidencial compatible con la ley o por una ley del Congreso, la orden vincula los nuevos términos a esa referencia.
Por eso, la orden no cambia por sí sola la definición legal de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Su alcance inmediato es administrativo y se limita al Poder Ejecutivo federal; el texto no establece una obligación para empresas privadas, gobiernos estatales u otros países.
La instrucción aparece formulada en la orden de esta manera: “the executive branch shall use the terms ‘Super Intelligence’ and ‘SI’ in place of ‘Artificial Intelligence’ and ‘AI’”.
El APST tiene 60 días para proponer cambios
El Assistant to the President for Science and Technology (APST) debe presentar al presidente, dentro de 60 días desde la fecha de la orden, una propuesta legislativa. El encargo debe evaluar si la nueva definición debe modificar o reemplazar la definición estatutaria existente y qué acciones adicionales serían necesarias.
El próximo hito previsto es la entrega de esa propuesta dentro del plazo establecido. La eventual modificación de la definición legal queda sujeta a una acción posterior: una ley del Congreso o una acción presidencial compatible con la ley.