Fiscalía recurrirá a la Suprema por revisión de teléfonos en Junaeb
La Fiscalía recurrirá a la Suprema por límites a teléfonos incautados. La extracción seguirá con controles para excluir datos ajenos a la causa.
Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada según la política editorial de RX Noticias.
La Fiscalía Metropolitana Oriente recurrirá ante la Corte Suprema para impugnar los límites que la Corte de Apelaciones de Santiago fijó a la revisión de teléfonos incautados en una investigación por presunta corrupción vinculada a contratos de alimentación de Junaeb, según los antecedentes publicados por BioBioChile y T13.
La resolución no prohibió la extracción ni el análisis de los dispositivos. Permitió continuar con ambas diligencias, pero ordenó controles para separar y eliminar información que no tenga relación con la causa.
El fallo fija plazos para revisar y depurar las copias
El fallo de la Sexta Sala acogió parcialmente recursos de amparo presentados por Hugo Gutiérrez, Sergio Gahona y Darío Calderón, investigados en la causa. La resolución ordenó excluir y eliminar copias de conversaciones ajenas a los hechos investigados, incluidas comunicaciones protegidas por secreto profesional o de carácter familiar que no fueran pertinentes, de acuerdo con el contexto reportado por BioBioChile Investigación.
El Ministerio Público debía informar en 15 días el estado de la extracción y quiénes habían accedido a las copias, además de proponer criterios de búsqueda. También se fijó un plazo de 90 días para identificar la información útil antes del sellado de la copia íntegra y su eventual eliminación.
La Corte Suprema deberá resolver el alcance del acceso a los datos
El recurso plantea hasta dónde puede llegar la Fiscalía al revisar información privada contenida en dispositivos incautados. En la resolución citada por BioBioChile, la Corte de Apelaciones sostuvo que «la lesión a la privacidad se consuma con la copia íntegra del dispositivo» y que «la exclusión de prueba en el juicio no basta como resguardo».
La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente y se relaciona con presuntos delitos de corrupción en licitaciones y contratos de alimentación escolar de Junaeb. La disputa llegará ahora a la Corte Suprema, que deberá resolver el alcance del acceso a los datos digitales bajo los controles fijados por la Corte de Apelaciones.