Extorsión territorial: proyecto pasa a Sala con penas de hasta 20 años
La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó a la Sala el boletín 18594-25, que propone tipificar la extorsión territorial y el cobro de protección; el proyecto aún no es ley y no tiene una fecha de votación confirmada.
Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada según la política editorial de RX Noticias.
La Cámara de Diputadas y Diputados informó el 2 de noviembre que su Comisión de Seguridad Ciudadana despachó a la Sala el boletín 18594-25, un proyecto que propone tipificar la extorsión territorial y el cobro de protección con penas de hasta 20 años en los casos agravados.
El despacho es un avance de tramitación, no la aprobación de una ley. La propuesta todavía debe ser discutida en la Sala y las sanciones descritas no están vigentes; tampoco se ha informado una fecha para esa votación.
Qué considera extorsión territorial
Según la descripción de la iniciativa, la nueva figura abarcaría conductas destinadas a establecer, mantener, ampliar o disputar el control de un sector residencial o comercial mediante un poder de hecho sobre el territorio. La Cámara incluye especialmente los cobros de protección y las prestaciones periódicas o reiteradas impuestas a quienes viven, trabajan o desarrollan actividades en esos lugares.
También considera como disposición patrimonial la acción por la cual la víctima cede, permite o tolera el uso, la tenencia o la ocupación de bienes muebles o inmuebles.
Qué penas y medidas propone
Para circunstancias agravadas —como la participación de integrantes de asociaciones delictivas o criminales, el beneficio o amparo de esas organizaciones y el uso de armas de fuego u otras reguladas por la Ley de Control de Armas—, la propuesta contempla presidio mayor en su grado máximo: de 15 años y un día a 20 años.
El proyecto también contempla penas de 3 años y un día a 10 años para quienes, sin ser autores o cómplices directos, reciban, recauden, custodien o administren dinero, bienes o valores provenientes de la extorsión con conocimiento de su origen ilícito.
Además, faculta al Ministerio Público para solicitar medidas especiales de protección cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente riesgos de represalias contra víctimas, sus familiares o personas que trabajen o dependan de ellas.
El proyecto avanzó tras una postergación
El 29 de octubre, la comisión acordó postergar hasta el 2 de noviembre la votación en particular del boletín 18594, después de que diputados plantearan observaciones sobre la acreditación del tipo penal y la aplicación de la agravante. En ese contexto, el diputado Enrique Bassaletti afirmó en un comunicado de la Cámara: “El espíritu del proyecto está bien, pero es necesario perfeccionarlo para que cumpla su cometido”.
El siguiente hito es la discusión o votación en la Sala, cuya fecha no está informada. Hasta ese momento, el boletín 18594-25 sigue siendo un proyecto en tramitación: el despacho de la comisión no convierte en aplicables las penas ni las medidas de protección que propone.