Chile alcanza 2.000 expulsiones en 2026, 57,6% más que en 2025
El undécimo vuelo del año llevó a 75 personas a Perú, Colombia y República Dominicana; 69 fueron expulsiones administrativas y seis judiciales.
Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada según la política editorial de RX Noticias.
Chile alcanzó las 2.000 expulsiones durante 2026 tras concretar el undécimo vuelo del año, de acuerdo con el Gobierno de Chile. El registro se produjo antes de finalizar octubre y supera en 57,6% las 1.267 expulsiones registradas durante todo 2025.
El undécimo vuelo trasladó a 75 personas
El operativo, realizado por Sky Airline desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, trasladó a 75 personas hacia Perú, Colombia y República Dominicana. De ese grupo, 69 correspondían a expulsiones administrativas y seis a judiciales, con 77 escoltas.
La cifra acumulada de 2026 también supera en 81,5% las expulsiones de 2024, en 111,1% las de 2023 y en 86,6% las de 2022. El Gobierno calculó un promedio anual de 1.096 expulsiones entre 2022 y 2025, equivalente a aproximadamente 91 al mes, frente a un promedio de 203 mensuales en 2026.
Las fiscalizaciones migratorias aumentaron entre enero y septiembre
El Gobierno informó que las fiscalizaciones migratorias subieron 24,7% entre enero y septiembre de 2026, de 1.407 a 1.755 procedimientos. En el mismo periodo, la cantidad de extranjeros fiscalizados aumentó 46,6%, de 28.085 a 41.171 personas.
Las salidas voluntarias son una categoría distinta
El balance oficial separa las expulsiones de las salidas voluntarias. Durante 2026 se registraron 11.011 salidas voluntarias efectivas de personas extranjeras que ingresaron por pasos no habilitados y luego abandonaron el país mediante control policial, sin una medida de expulsión; durante todo 2025 fueron 4.253.
El comunicado oficial no desglosa cuántas de las 2.000 expulsiones acumuladas corresponden a medidas administrativas y cuántas a judiciales. El desglose informado para el undécimo vuelo —69 administrativas y seis judiciales— no se extiende al total anual.
El anuncio se conoció mientras el Congreso despachó esa semana un proyecto que, según el Gobierno, reduce de 10 a cinco días el plazo de reclamación judicial, facilita las notificaciones y entrega herramientas para localizar y ejecutar órdenes firmes con las autorizaciones judiciales correspondientes. Las expulsiones, las salidas voluntarias y las personas fiscalizadas corresponden a registros distintos y no deben sumarse como un mismo resultado.