EE.UU. divulga parte del pacto petrolero con Venezuela
La Casa Blanca y NABEP describieron concesiones, participación accionaria y derechos de compra, pero el contrato completo no es público.
La Casa Blanca divulgó el 31 de agosto términos que atribuyen al acuerdo petrolero concesiones sobre 17 campos, una participación accionaria de 35% y derechos preferentes de compra. La ficha oficial presentó el pacto como firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, e identificó a North American Blue Energy Partners (NABEP) como la empresa involucrada.
La ficha de la Casa Blanca y el comunicado de NABEP ampliaron el anuncio inicial realizado por Donald Trump el 28 de agosto. La Casa Blanca lo presentó como firmado y NABEP afirmó que había alcanzado el acuerdo con los departamentos de Estado y Guerra, pero al 4 de septiembre el contrato completo, sus anexos y los instrumentos venezolanos de adjudicación no estaban disponibles públicamente.
La estructura divulgada incluye 17 campos y derechos de compra
Según la Casa Blanca, las concesiones venezolanas abarcarían 17 campos durante 100 años y reunirían aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Esa cifra corresponde a la descripción oficial de los activos incluidos y no significa que Estados Unidos sea propietario de esos barriles.
La misma ficha atribuyó a la Office of Strategic Capital del Pentágono una participación de 35% en la matriz de NABEP. También señaló que el Departamento de Estado tendría la compra garantizada de 20% de la producción a costo y un derecho de primera negativa sobre el 80% restante.
NABEP afirmó que tendría el control operativo del negocio. Esa declaración, al igual que los porcentajes y derechos descritos por la Casa Blanca, no está acompañada por el contrato público que permita comprobar su alcance, condiciones u obligaciones.
La Casa Blanca sostuvo además que las concesiones quedarían bajo la ley venezolana de hidrocarburos, mientras su acuerdo con NABEP se regiría por la ley estadounidense y estaría sometido a tribunales de Estados Unidos. Los textos públicos describen esas dos capas jurídicas, pero no incluyen los instrumentos que las establecerían.
Los plazos de 25 y 100 años siguen sin explicación común
La duración tampoco aparece explicada de manera uniforme. La Casa Blanca atribuyó 100 años a las concesiones y calculó regalías e impuestos para los primeros 25, mientras Delcy Rodríguez describió un proyecto de al menos 25 años, de acuerdo con Reuters.
Las referencias podrían corresponder a componentes diferentes, pero las publicaciones disponibles no definen cómo se relacionan ambos plazos. Reuters también informó que la negociación fue secreta y que no hubo un proceso competitivo; expertos jurídicos y energéticos consultados por la agencia cuestionaron la legalidad del pacto y pidieron que se publicara el contrato.
Lo divulgado tampoco acredita una transferencia efectiva de concesiones, el inicio de obras o una producción adicional vinculada al acuerdo. Las inversiones, la producción futura, los ingresos fiscales y una eventual baja de precios continúan siendo planes o proyecciones atribuidas a sus promotores, no resultados comprobados.
Al 4 de septiembre seguían sin publicarse la lista oficial completa de los 17 campos, los compromisos de financiamiento, los mecanismos de ejecución y los documentos venezolanos que permitirían evaluar las concesiones. La divulgación del 31 de agosto aportó porcentajes y derechos anunciados, pero no un contrato público con el cual verificar esos términos.